La justicia es uno de los elementos sustanciales que estructuran un Estado. Según John Rawls, consiste en “un conjunto característico de principios que asignen derechos y deberes básicos y de determinar lo que consideran la distribución correcta de las cargas y beneficios de la cooperación social, y están dispuestos a afirmar tales principios”^[1]. Entonces los derechos que están asegurados por la justicia están sujetos a principios y no a intereses particulares, sociales o políticos.

Un estado cuyo fin es la justicia, debe asegurar los principios más básicos como la igualdad y la libertad[2], así como también debe asegurar para todos sus habitantes el pleno acceso a los derechos humanos y en el caso de ser vulnerados, establecer los

mecanismos adecuados para su reparación.

El Estado ecuatoriano al establecerse como un estado de derechos y justicia contempla diversas formas para alcanzarla, pues la ha asumido como un objetivo, un fin, una respuesta a las demandas sociales, una obligación en cuanto a la defensa y la administración, etc., debido a que a la justicia no puede medirse únicamente por su rol distributivo.

En este sentido, uno de los objetivos del Estado ecuatoriano, en cuanto estado constitucional de derechos y justicia orientado al Buen Vivir, es “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”^[1]. Así, la planificación del Estado debe estar dirigida hacia la justicia, seguridad social y garantía de los derechos humanos especialmente en el acceso a la justicia de aquellas personas que por su condición económica, social o cultural son más vulnerables a la afectación de sus derechos y al acceso a la tutela efectiva. Una vida digna implica un sistema de justicia eficiente.

A pesar de que en el Ecuador existe un órgano autónomo (Defensoría Pública) que tiene como función principal el pleno acceso a la justicia de aquellas personas que por su condición económica, social o cultural no pueden contratar servicios legales para la defensa de sus derechos, se ha dispuesto que las Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades del país tienen la obligación de organizar y mantener servicios de defensa y asesoría jurídica a las personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria, pues la responsabilidad de generar condiciones de igualdad y libertad, es decir de justicia, no es únicamente del Estado.^[2]

Así, los consultorios jurídicos gratuitos más allá de ser una demanda estatal, son parte de la contribución que la academia realiza a la sociedad, brindando asesoría jurídica en cualquier asunto y patrocinio legal en procesos judiciales o administrativos relacionados con cuestiones laborales, de familia, niñez y adolescencia, y violencia intrafamiliar, principalmente, a aquellas personas de escasos recursos económico y grupos de atención prioritaria, que hacen posible una vinculación directa de la Universidad con la sociedad y, de forma más precisa, con los sectores de la sociedad que requieren especial atención para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva y, a través de ella, alcanzar la justicia.

La Universidad Técnica del Norte que se ha caracterizado por ser un referente local, regional, nacional e internacional en investigación, academia y vinculación con la comunidad, consciente de que la ciencia, y en este caso el derecho, no se encuentra únicamente en la norma y los libros, sino que trasciende a la realidad social, por medio de la Carrera de Derecho, forma profesionales con un alto criterio de igualdad, libertad, defensa a los derecho humanos y justicia. Por tanto, es una universidad al servicio de la comunidad y con ideales de cambio social pues genera verdaderos espacios y aporta conocimientos especializados.

Por otro lado, el Consultorio Jurídico, en cuanto instancia de enseñanza y aprendizaje adecuado para que el estudiante de Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas pueda desarrollar y profundizar aptitudes prácticas, procura brindar a los alumnos la capacitación profesional suficiente para el adiestramiento en los modos de aplicar los conocimientos teóricos a contextos prácticos.

El estudiante de la carrera de Derecho de la UTN para alcanzar su título de abogado, entre otros aspectos, deberá:

• Manejar habilidades y destrezas para defender con eficiencia los derechos de los litigantes.
• Manejar la normativa vigente para asesorar en contiendas legales para proteger los derechos privados individuales y colectivos.
• Desarrollar destrezas de redacción y expresión utilizando términos jurídicos precisos y claros.
• Conocer los procesos legales para garantizar la tutela jurídica y el debido proceso de las partes, mediante la potestad punitiva, respetando a los tratados, convenios internacionales, y en especial las normas penales pertinentes.
• Dominar procedimientos de estructuración orgánica, funcional y jurídica de las sociedades civiles, mercantiles, financieras, laborales y gremiales.
• Manejar el análisis y resolución de dilemas y problemas contemporáneos, ambientales, sociales, culturales y económicos, para contribuir al tejido social y al desarrollo económico, con bases en responsabilidad social y ambiental, articulando los ejes principales del buen vivir.
• Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del derecho, con su aplicación práctica.
• Conocer la mediación para procurar la solución pacífica como herramienta principal en la solución de conflictos
• Promover el acceso de los grupos vulnerables a los mecanismos estatales de defensa de derechos.

De esta manera, la creación de un Consultorio jurídico gratuito se convierte en una necesidad de la Carrera de Derecho y de la Universidad Técnica del Norte.